De las contínuas noticias desagradables y escandalosas que no nos dejan de aguijonear estos tensos días una de ellas ha tocado especialmente la fibra sensible que me une con el software libre. Se trata concretamente de la indemnización de 12 Millones de Euros que la Junta de Andalucía deberá abonar a la multinacional Microsoft por el uso de software sin la correspondiente licencia.
Este es el último capítulo que me toca ver, cuando no sufrir en carnes propias por motivos de trabajo, de la constante chapucería en la planificación y gestión de la cuestión informática en general y de lo concerniente a la Sociedad de la Información, de forma más concreta, por parte de las administración y específicamente de la Junta de Andalucía.
La administración andaluza fue de las primeras que se apuntó al vistoso carro del Software Libre con su apuesta por Linux como una alternativa válida al omnipresente imperio de las ventanitas. Se unió en esta iniciativa a la vecina Extremadura, colaborando en algunos aspectos ambas comunidades pero adoptando la solución de propiciar distribuciones “locales” con la base de Debian, una referencia dentro del software libre mundial por su solidez, seguridad y respaldo de la comunidad de desarrolladores y usuarios. La concrección de ambas iniciativas fueron las distribuciones Linex en Extremadura y Guadalinex en Andalucía.
Esta forma de enfocar el proyecto tuvo no poca contestación en ambientes profesionales y provocó no pocas suspicacias respecto a la adjudicación a determinadas empresas de las contratas de desarrollo. Había quien tildaba el proyecto de localismo cateto o de reiteración innecesaria, y de flagrante amiguismo la resolución administrativa de los sucesivos concursos. Aparte de polémicas, que en estas cuestiones parecen siempre inevitables, lo realmente innegable es que supusieron una inversión de dinero público de cierta cuantía.
Y no se puede decir, en justicia, que hablando de Andalucía, fuera un esfuerzo absolutamente en vano; y los pequeños y verdes ordenadores escolares con Guadalinex instalado o las aulas de informática montadas sobre él o las máquinas usadas en la red Guadalinfo son pruebas de ello.
Sin embargo, fuera de éste ámbito académico de nivel básico y medio, o de difusión a la ciudadanía de las TIC, la administración andaluza apenas ha sido permeable a la penetración de “su” propia versión de Linux. ¿Porqué?
Quiero creer que la razón no es una curva de aprendizaje demasiado abrupta para el personal de la Administración; hablamos de un Sistema Operativo instalado en ordenadores que se proporcionan a alumnado de 10 u 11 años y que no tiene problemas en manejarlo, al igual que no lo tienen participantes en programas de alfabetización tecnológica de muy diversos sectores sociales incluidos los más desfavorecidos.
Tampoco acierto a ver razones técnicas. Las aplicaciones usadas en una gran mayoría de los puestos de trabajo de la Administración andaluza son las necesarias para la navegación web y las herramientas ofimáticas más estandarizadas. Para la mayoría de las restantes, tanto una previsión de desarrollo multiplataforma, como la emulación dentro del entorno Linux suelen ser suficientes.
A todo esto debemos sumar la enorme cantidad de dinero invertida en el desarrollo de nuevas aplicaciones específicas que, casi sin excepción, se hacen por encargo en plataformas Windows y con código cerrado y no bajo plataformas abiertas y ampliables que ahorren no sólo en cada desarrollo concreto, sino en su evolución e integración posterior.
Un campo éste de tremenda trascendencia tanto económica como de dependencia tecnológica que podría corregirse, con la debida planificación y gestión, no sólo hacia el ahorro sino como fuente de avance, empleo e ingresos. Una cuestión ya no sólo tecnológica sino claramente política.
